LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
LEYES

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Artículo 1° - Incorpórase como inciso 10 del artículo 2° de la Ley N° 31, el siguiente texto:
"10. implementar y poner en práctica en el ámbito del Archivo General del Poder Judicial de la Ciudad, mediante la utilización de microfilmaciones, medios ópticos o cualquier otro tipo de medio tecnológico seguro, un sistema para la guarda, conservación y reproducción de los expedientes, que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de las actuaciones mencionadas, con excepción de las pruebas documental y pericial acompañadas a los mismos, y las actuaciones que se encuentran en trámite.".
Artículo 2° - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

Buenos Aires, 8 de enero de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.576 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de diciembre de 2007. Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y, a los fines de su competencia, remítase a la Subsecretaría de Justicia.
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Justicia y Seguridad y por el señor Jefe de Gabinete. MACRI - Montenegro - Rodríguez Larreta

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2007.

Artículo 1° - Creación. Se crea el Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 2° - Definición. Se entiende por Transporte Público de Bicicleta (TPB) un sistema de transporte urbano compuesto por varias estaciones de distribución/estacionamiento de unidades de bicicletas ubicadas en lugares estratégicos de la Ciudad, dispuestas para su alquiler, con el fin de ser utilizadas para transportarse dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3° - Objetivo. El sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) tiene como objetivo promover el uso de la bicicleta como transporte saludable y respetuoso con el medio ambiente, y como método alternativo y complementario de transporte para reducir los niveles de congestión de tránsito.
Artículo 4° - Criterios generales. Los criterios que guiarán la adopción de medidas tendientes a implementar el Sistema de Transporte Público de Bicicleta deberán ser:
a) Imponer este sistema como transporte público alternativo. Abarcará acciones positivas tendientes a hacer de este servicio un complemento del sistema de transporte público y un modo alternativo de transporte que desincentive el uso del automóvil privado.
b) Mejorar el sistema integral de transporte urbano. Medidas destinadas a buscar soluciones para mejorar el flujo de pasajeros y resolver el problema del tránsito y de las congestiones vehiculares.
c) Incentivar una movilidad sustentable. La misma deberá incluir el concepto de movilidad urbana limpia protegiendo al medio ambiente de la contaminación. Asimismo, ésta debiera contribuir a la mejora de la salud y de la calidad de vida de los ciudadanos.
d) Garantizar el derecho a la movilidad, la integridad física y a la seguridad de las personas. Estos derechos se garantizan a través de políticas que ofrezcan mayores oportunidades de movilidad a todos y con la estructura suficiente para que el sistema sea seguro en su funcionamiento, procurando entre otras cosas una red segura de carriles y una concientización social que conlleve a aplicar y hacer cumplir la normativa vigente.
e) Promoción de espacios públicos de calidad. Esta es una de las metas a alcanzar en el desarrollo de una Ciudad que colabore con la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
f) Medidas globales. Esto implicará llevar adelante una visión integral, con políticas transectoriales, que articulen al mismo tiempo criterios ambientales, sociales, urbanos y de movilidad.
g) Emprender acciones conjuntas con organismos públicos, del sector privado y/u organizaciones no gubernamentales a fin de impulsar la dotación e infraestructura necesaria para la implementación, mantenimiento y desarrollo de los circuitos que se predeterminen, como así también recibir el financiamiento a través del aporte público o privado.
h) Fomentar y apoyar la iniciativa privada que contribuya a la promoción y explotación del Sistema de Transporte Público de Bicicleta y a la excelencia de los servicios.
i) Participar en el diseño de políticas de seguridad en protección del usuario del Transporte Público de Bicicleta.
j) Crear el Registro de Prestadores del Sistema de Transporte Público de Bicicleta.
Artículo 5° - Aplicación del Código de Tránsito y Transporte. Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, es de plena aplicación a este sistema lo establecido respecto de requisitos para vehículos, conductores y reglas de circulación para ciclorodados en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires.

Artículo 6° - Características del sistema. El Sistema de Transporte Público de Bicicleta (TPB) será un servicio accesible a todos aquellos que se registren como usuarios y que cumplan con los requisitos y las obligaciones para hacer uso del mismo.
Artículo 7° - Componentes. El Sistema de Transporte Público de Bicicleta estará compuesto por:
a) Estaciones de distribución/estacionamiento. Las mismas se ubicarán en lugares estratégicos de trasbordo, tales como: estaciones ferroviarias, terminales ferroviarias, de subterráneos, de ómnibus y fluviales, centros de trasbordo de transporte público, espacios verdes y recreativos, establecimientos educativos de todos los niveles, museos, polideportivos, clubes, entre otros.
b) Unidades de bicicletas. Cada estación de distribución contará con un mínimo de unidades de bicicletas para poner a disposición de los usuarios, la cuál variará según la demanda de la estación.
c) Centros de información/atención: los usuarios contarán con estos centros dispuestos en las estaciones de distribución y en lugares intermedios del recorrido. Los mismos tendrán como función ofrecer acceso a planos de ubicación de la red de estaciones de suministro, contar con teléfono para llamadas restringidas a servicios asistenciales, entre otras.
d) Señalización adecuada y distintiva: todo el Sistema de Señalización del Transporte Público de Bicicleta deberá ser distintivo y de fácil identificación.
Artículo 8° - Estaciones de distribución/estacionamiento. Son las instalaciones que se dispondrán a lo largo de la Ciudad, en lugares estratégicos y que deberán contar con la cantidad de unidades de bicicletas necesarias según la demanda, con lugares de estacionamiento con mecanismos de seguridad para impedir el robo o hurto de las mismas y con personal idóneo para la atención y el asesoramiento de los usuarios.
Artículo 9° - Bicicletas. Las unidades que integren la dotación de bicicletas de este sistema de transporte público deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
a) Uniformidad en el diseño.
b) Sistema de identificación alfanumérico particular.
c) Luces delanteras y traseras de dínamo.
d) Timbre.
e) Sistemas de frenos.
f) Bloqueo antirrobo.
g) Anclaje a los sistemas que se establezcan para estacionamiento en las estaciones de suministro/estacionamiento.
h) Un portaobjetos adecuado al tamaño de la bicicleta.
Al momento de gestionar el carnet de usuario establecido en el artículo 13 de la presente ley, se debe hacer entrega a quien lo requiera de un casco homologado o certificado, el cual queda a cargo del usuario y debe ser devuelto si se abandona el sistema. Además, en todas las estaciones de distribución/estacionamiento debe haber cascos disponibles para aquellos usuarios que no los posean.
Artículo 10 - Centros de atención al usuario. Estos centros de atención estarán distribuidos por la Ciudad entre los recorridos que separan a las principales estaciones de distribución/estacionamiento como cabinas con información y servicios disponibles para el usuario. Además contarán con mapas de la Ciudad de Buenos Aires, planos de ubicación de las estaciones de distribución/estacionamiento y de la red de carriles, acceso telefónico a servicio de reparación de averías e información, así como todo otro servicio anexo al sistema que fuese necesario.
Artículo 11 - Señalización adecuada. Todo el Sistema de Señalización del Transporte Público de Bicicleta (TPB) deberá ser uniforme y de características particulares, conforme a la normativa vigente en materia de tránsito y mobiliario urbano.

Artículo 12 - Usuarios. Se considera usuario del Transporte Público de Bicicletas (TPB) a toda persona física que haga uso de este medio, habiendo accedido al sistema tras la adquisición del carnet de usuario. Sin perjuicio de ello, otros ciclistas pueden utilizar los lugares de estacionamiento de las estaciones del sistema abonando el arancel que se establezca.
Artículo 13 - Carnet de usuario. El acceso al servicio de Transporte Público de Bicicleta (TPB) se concretará a través del pago de un abono y adquisición del carnet de usuario que será personal e intransferible. El mismo se tramitará según lo disponga la autoridad de aplicación y tendrá las características que ésta establezca.
Artículo 14 - Requisitos. Son requisitos para acceder al carnet de usuario:
a) Acreditar identidad y domicilio, mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad.
b) Ser mayor de dieciocho (18) años. Sin perjuicio de ello, los menores de entre dieciséis (16) años y dieciséis (18) años, podrán adquirirlo previa autorización de sus padres o tutores.
c) Declarar tener capacidad física y psíquica para utilizar este sistema de transporte.
d) Abonar la tarifa correspondiente al abono mínimo, dentro de la cual se incluirá el porcentaje destinado para cubrir el seguro de responsabilidad civil.
Artículo 15 - Derechos del usuario: sin perjuicio de los establecidos en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, son derechos del usuario del TPB los siguientes:
a) Una vez adquirido el carnet de usuario, el titular tiene derecho a acceder al sistema en cualquiera de sus estaciones y hacer uso del servicio.
b) El usuario tiene derecho a ser informado de las características particulares del sistema y de su funcionamiento.
c) El usuario tiene el derecho de solicitar y recibir asistencia frente a averías o inconvenientes relacionados con el uso del servicio.
Artículo 16 - Obligaciones de los usuarios respecto del servicio:
a) Deben hacer uso de este servicio con la mayor diligencia exigible respecto al servicio en general, al tránsito y a los peatones.
b) Deben abonar la tarifa previa utilización del servicio.
c) Deben llevar siempre consigo su carnet de usuario.
d) Una vez activado el carnet de usuario, podrá retirar una bicicleta de cualquiera de las estaciones de distribución/estacionamiento.
e) Deben asumir la guarda y custodia de la bicicleta que retiran, quedando esta bajo la exclusiva responsabilidad del mismo hasta su devolución.
f) En caso de robo o hurto, el usuario deberá realizar la correspondiente denuncia policial y presentarla en alguna de las estaciones de suministro/estacionamiento.
g) Una vez utilizado el servicio, deberá devolver la unidad en la estación de distribución/estacionamiento más cercana a su destino.
Artículo 17 - Obligaciones de los usuarios respecto de la circulación:
a) Deben circular con las bicicletas exclusivamente dentro del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
b) Sólo se podrán estacionar las bicicletas del sistema TPB en las estaciones de distribución/estacionamiento autorizadas a tal fin.
c) En todo momento deben respetar las reglas de circulación establecidas en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
d) El usuario debe viajar sin acompañantes en el vehículo.
Artículo 18 - Incumplimientos. A través de la reglamentación, el Poder Ejecutivo determinará las sanciones de las que serán susceptibles los usuarios que infrinjan alguna de estas obligaciones.

Artículo 19 - Obligación previa. Para implementar el sistema de TPB, se debe garantizar una infraestructura mínima, adecuada y segura para el buen funcionamiento de este transporte.
Artículo 20 - Sistema de red de carriles. La Ciudad implementará un sistema de red de carriles para bicicletas que interrelacione las principales áreas conflictivas y de origen/destino del tránsito existente y potencial de bicicletas.
Artículo 21 - El sistema de red de carriles estará conformado por carriles exclusivos o ciclovías, bicisendas, calles o carriles preferenciales. En todos los casos deben tener trazados y dimensiones de seguridad adecuados, única o doble circulación, iluminación, señalización y sistema de información al ciclista.
Artículo 22 - Requisitos de calidad de la infraestructura:
a) Los carriles destinados al uso de bicicleta estarán conformados por el mismo material que el resto de la calzada, incorporando las señalizaciones horizontales y verticales adecuadas y dotándolo de una división que lo separe del resto del tránsito.
b) Los carriles serán de sentido único o doble mano y podrán estar situados a ambos lados de la calzada.
c) Debe procurarse la mayor visibilidad en las intersecciones evitando maniobras inesperadas especialmente en los giros, dando prioridad al ciclista en las maniobras e incorporaciones y facilitando su visibilidad a los conductores de otros vehículos mediante la señalización correspondiente.
d) En el caso en que las bicisendas sean construidas sobre las aceras, la calidad del revestimiento ha de cumplir los requisitos necesarios para reducir los riesgos de caída.

Artículo 23 - El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe poner en marcha los programas de capacitación y educación dispuestos por el Código de Tránsito y Transporte y por la Ley de Educación Vial N° 2.297.
Artículo 24 - Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la autoridad de aplicación del Código de Tránsito y Transporte desarrollará programas de educación vial dirigidos especialmente a orientar y concientizar a automovilistas, conductores de transporte público, motociclistas, ciclistas y peatones en cuanto al uso responsable de la bicicleta. Asimismo, promoverá campañas de motivación para generar cambios de actitud y estrechar la cooperación entre conductores de otros vehículos, ciclistas y peatones.

Artículo 25 - Los recursos para afrontar los gastos que demande el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (TPB) podrán ser:
a) Los créditos presupuestarios asignados para cada ejercicio, que garantizan las etapas de ejecución y el mantenimiento del servicio.
b) Los aportes provenientes del Gobierno Nacional.
c) Los préstamos o aportes internacionales.
d) Los provenientes de disposiciones testamentarias y donaciones.
e) Los generados por el propio sistema, si los hubiere.
f) El canon obtenido por las concesiones que el Poder Ejecutivo otorgue en aplicación de las prescripciones de la presente ley, proveniente de entidades privadas, empresas y de particulares.
g) Todo otro recurso obtenido a los fines de la presente ley.

Artículo 26 - Se autoriza al Poder Ejecutivo a firmar Convenios de Cooperación y gestionar créditos para la implementación de este Sistema.
Artículo 27 - El Poder Ejecutivo preferentemente prestará el servicio mediante la concesión del mismo, ya sea mediante procesos de licitación convocados al efecto, como a través de iniciativas privadas provenientes de particulares y empresas, y en tanto el plazo de concesión sea superior a los cinco (5) años.

Artículo 28 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el lapso de 180 días corridos de la fecha de su publicación.
Cláusula Transitoria: el Poder Ejecutivo, a través del organismo técnico que corresponda, en el plazo de ciento veinte (120) días corridos de publicada la presente, debe realizar estudios sobre las necesidades que conlleven la puesta en marcha del Sistema de Transporte Público de Bicicleta, a fin de evaluar la ubicación estratégica de las estaciones de suministro, la red de carriles ha construir para facilitar la circulación en este medio de transporte, los recorridos posibles entre estaciones de distribución/suministro, así como la cantidad de unidades de bicicletas necesarias para hacer frente a la posible demanda.
Artículo 29 - Comuníquese, etc. de Estrada - Bello

Buenos Aires, 8 enero de 2008.

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 2.586 sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 6 de diciembre de 2007 (Expediente N° 94.577/07). Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la Secretaría Parlamentaria del citado cuerpo por intermedio de la Dirección General de Asuntos Legislativos y Organismos de Control y remítase a los Ministerios de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Urbano a los fines de sus respectivas competencias.
El presente decreto es refrendado por los señores Ministros de Justicia y Seguridad y de Desarrollo Urbano y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. MACRI - Montenegro - Chain - Rodríguez Larreta

Buenos Aires, 8 de enero de 2008.

Visto los Decretos Nros. 2.086/07, 2.094/07, 2.101/07 y 2.093/07 y el Expediente N° 93.675/07, y
CONSIDERANDO:
Que por los Decretos Nros. 2.086/07, 2.094/07 y 2.101/07, se designaron a distintos funcionarios para cubrir cargos en la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico;
Que mediante el Decreto N° 2.093/07 se acepta la renuncia del señor José Luis Gutiérrez, DNI 14.569.567, CUIL 20-14569567-9 como integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires y se designa al doctor Miguel Saredi, DNI 14.820.008, CUIL 20-14820008-5 como integrante del Directorio de la misma corporación;
Que la designación de tales funcionarios debía entenderse a partir de la fecha de cada uno de los decretos antes señalados, no obstante lo cual los funcionarios en cuestión asumieron las responsabilidades inherentes a sus cargos a partir del 10 de diciembre de 2007;
Que por tal motivo corresponde modificar cada uno de los decretos antes mencionados, estableciéndose que las designaciones y la aceptación de renuncia efectuadas lo son a partir del día señalado en el considerando anterior;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias (artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),

EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA:

Artículo 1° - Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2.086/07, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1° - Desígnanse, a partir del 10 de diciembre de 2007, a las personas que se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto, para cubrir los cargos en el modo y condiciones que se señalan.".
Artículo 2° - Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2.094/07, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1° - Desígnanse, a partir del 10 de diciembre de 2007, a las personas que se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto, para cubrir los cargos en el modo y condiciones que se señalan.".
Artículo 3° - Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2.101/07, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1° - Desígnanse, a partir del 10 de diciembre de 2007, a las personas que se indican en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente decreto, para cubrir los cargos en el modo y condiciones que se señalan".
Artículo 4° - Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2.093/07, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1° - Acéptase, a partir del 10 de diciembre de 2007, la renuncia presentada por el Sr. José Luis Gutiérrez, DNI 14.569.567, CUIL 20-14569567-9, Ficha N° 288.983, como integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, reintegrándoselo a la partida que retenía sin percepción de haberes 4560.0000.A.B. 08.0240.347, de la Dirección General Ciudadanía Porteña, del ex Ministerio de Derechos Humanos y Sociales.".
Artículo 5° - Modifícase el artículo 2° del Decreto N° 2.093/07, el que quedará redactado de la siguiente manera:
"Artículo 2° - Desígnase a partir del 10 de diciembre de 2007, al Dr. Miguel Saredi, DNI 14.820.008, CUIL 20-14820008-5, como integrante del Directorio de la Corporación Mercado Central de Buenos Aires, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.".
Artículo 6° - El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Económico y el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 7° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Desarrollo Económico y a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. MACRI - Cabrera - Rodríguez Larreta

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2007.

Visto la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2557), su Decreto Reglamentario N° 408/07 (B.O.C.B.A. N° 2658), el Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829) y el Expediente N° 93.982/07, y
CONSIDERANDO:
Que la ley citada en el visto estableció los lineamientos básicos que se deben observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios del sector público de la Ciudad;
Que asimismo, la citada norma en el Capítulo I creó un sistema de compras y contrataciones integrado por un órgano rector y Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que el artículo 4° del Decreto Reglamentario N° 408/07 dispone que cada jurisdicción o entidad establece en sus respectivos ámbitos de competencia, los sectores orgánicos que actuarán como Unidades Operativas de Adquisiciones;
Que atento la nueva Estructura Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobada por Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829) resulta necesario designar las Unidades Operativas de Adquisiciones que tendrán a su cargo la gestión de las contrataciones y adquisiciones en forma habitual, en el ámbito de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:

Artículo 1° - Establécense como Unidades Operativas de Adquisiciones en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con las facultades y competencias otorgadas por la Ley N° 2.095, a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Sistemas de Información.
Artículo 2° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Sistemas de Información, dependientes de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Rodríguez Larreta

Buenos Aires, 7 de enero de 2008.

Visto las Resoluciones Nros. 430-SHyF/01 (B.O. N° 1170), 1.465-SHyF/01 (B.O. N° 1258), 1.697-SHyF/02 (B.O. N° 1457), 2.508-SHyF/04 (B.O. N° 2019), 90-MHGC/06 (B.O. N° 2429), 1.080-MHGC/07 (B.O. N° 2673), y
CONSIDERANDO:
Que se han realizado estudios pormenorizados con la finalidad de establecer la importancia de ciertos sujetos para ser incorporados en el universo de agentes de recaudación del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos;
Que se entiende oportuno realizar una ampliación dentro del mencionado universo de responsables, teniendo en cuenta la importancia relativa de estos sujetos dentro del total de la recaudación;
Por ello, y atento a las facultades conferidas por el artículo 4°, inciso 19 del Código Fiscal 2008, Ley N° 2.569,

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:

Artículo 1° - Incorpóranse a la Resolución N° 430-SHyF/01 (B.O. N° 1170) los responsables cuya nómina se incluye en el Anexo I, de la presente resolución.
Artículo 2° - La presente resolución tendrá vigencia a partir del primer día hábil del mes posterior a su publicación.
Artículo 3° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese a las Subdirecciones Generales dependientes de esta Dirección General. Remítase a sus efectos copia autenticada a la Unidad de Proyectos Especiales del Banco Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. Walter

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto el Expediente N° 70.974/07, y
CONSIDERANDO:
Que por dicha actuación la Dirección General de Habilitaciones y Permisos solicita la reconstrucción del Expediente N° 107.093/73, relacionado con local sito en Murguiondo 2236;
Que a pesar de la intensa búsqueda efectuada en la mencionada Dirección General, mediante Registro N° 14.958-DGHP/05, no ha sido posible localizar la actuación que nos ocupa, por lo que se procede a su reconstrucción;
Que a fs. 36, 38 y 39, se agregan copias de la búsqueda de la mencionada actuación, que fueron publicadas en los Boletines Oficiales Nros. 2534, 2535 y 2536 respectivamente;
Por ello, y en virtud de lo establecido en el art. 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97, B.O. N° 310), la Ordenanza N° 35.711 (B.M. N° 16.262) AD. 221.18, Capítulo V y el artículo 17 del Decreto N° 2.008/03 (B.O.C.B.A. N° 1818),

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° - Reconstrúyase el Expediente N° 107.093/73 en los términos del art. 33 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Decreto N° 1.510/97, B.O. N° 310), la Ordenanza N° 35.711 (B.M. N° 16.262) AD. 221.18 Capítulo V y el artículo 17 del Decreto N° 2.008/03 (B.O.C.B.A. N° 1818).
Artículo 2° - La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-, procederá a instruir el correspondiente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades por el extravío del Expediente N° 107.093/73.
Artículo 3° - La Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo, procederá a reconstruir la carátula original de la citada actuación e informará los movimientos registrados por la misma.
Artículo 4° - La Dirección General de Habilitaciones y Permisos comunicará al interesado el extravío del expediente a fin de que acompañe copias de los escritos y documentación que posea, los que deberán ser incorporados al expediente en reconstrucción.
Artículo 5° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento, pase a la Dirección General Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo. Cumplido, gírese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, quién dará cumplimiento al artículo 4° de la presente, y a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-, la que cumplimentará el artículo 2° de la presente. Montenegro

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto el Expediente N° 76.094/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria puso en conocimiento a este Ministerio de Gobierno, sobre lo ocurrido al agente inspector Antonio Ángel San Martín (Ficha N° 177.569) el día 1° de octubre de 2007 a las 16 hs., cuando cumpliendo funciones de inspección en la vía pública, mas precisamente en Plaza Constitución, le fue sustraída una cámara de fotos Nikon, Modelo F-50, perteneciente al patrimonio de la citada Dirección General;
Que la denuncia respectiva fue radicada en la Comisaría 16ª de la Policía Federal Argentina, el día 2 de octubre de 2007, que tramita ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 34 a cargo del Dr. Ballesteros;
Que a efectos de arribar a la verdad objetiva y sobre la base de la investigación de los hechos denunciados, resulta necesario disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo a fin de deslindar responsabilidades en el presente caso;
Por ello, en virtud de los términos del art. 2° del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215), aplicable en función del art. 12 del Decreto N° 826/01 (B.O.C.B.A. N° 1225),

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° - Instruir sumario administrativo a fin de investigar y deslindar responsabilidades con motivo de los hechos denunciados por la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria ocurridos al agente inspector Antonio Ángel San Martín (Ficha N° 177.569), relacionados con la sustracción de una cámara de fotos Nikon, Modelo F-50, ocurridos cuando se hallaba cumpliendo funciones de inspección en la vía pública.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y para su conocimiento, fines pertinentes y demás efectos pase con carácter de urgente despacho a la Dirección General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria y a la Dirección General de Recursos Humanos, lo resuelto en el mismo. Montenegro

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto el Expediente N° 76.300/07, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la Nota N° 21.695-DGFyC/07, mediante la cual el Director General de Fiscalización y Control, solicita que se realice la instrucción de sumario administrativo al asistente operativo/inspector Patricio Vázquez de esa Dirección General, motivado en los hechos acaecidos el día 8 de septiembre de 2007, en oportunidad de una inspección en el local "La Madelaine", sito en Av. Alicia Moreau de Justo 102 P.B., de esta ciudad;
Que de acuerdo a la información brindada por los inspectores Cristina Ibáñez Navarro y Francisco Espósito, quienes realizaban la fiscalización, y a los inspectores de Control de Gestión, Alicia Sebio y Carlos Caballero que se presentaron con posterioridad, el inspector cuestionado se encontraba en el local de referencia dificultando la fiscalización;
Que lucen copia de informe de inspección, acta de comprobación labrada, informe ampliatorio e informe de control de gestión;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad objetiva;
Por ello, en virtud de los términos del art. 2° del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en función del art. 12 del Decreto N° 826/01 (B.O. N° 1225),

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° - Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de la denuncia efectuada por el Director General de Fiscalización y Control contra el asistente operativo/inspector Patricio Vázquez perteneciente a esa Dirección General.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General de Fiscalización y Control. Montenegro

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto el Expediente N° 57.041/07, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la comunicación efectuado por la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas a la Subsecretaría de Justicia, a causa de las irregularidades detectadas en diversos trámites de cambio de domicilio respecto a la firma y sello aclaratorio de la agente María Kaliptsian, Ficha N° 220.191;
Que en razón de lo expuesto, se efectuó la pertinente denuncia por "Infracción al art. 292 del C.P." ante las autoridades de la Comisaría 26ª, de la Policía Federal Argentina;
Que la Dirección General de Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas propone la instrucción del correspondiente sumario administrativo, destinado a esclarecer los hechos;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad objetiva;
Por ello, en virtud de los términos del art. 2° del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en función del art. 12 del Decreto N° 826/01 (B.O. N° 1225),

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° - Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo de las irregularidades detectadas en diversos trámites de cambio de domicilio respecto a la firma y sello aclaratorio de la agente María Kaliptsian, Ficha N° 220.191.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Dirección General de Recursos Humanos. Montenegro

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto el Expediente N° 59.318/07, y
CONSIDERANDO:
Que las presentes actuaciones se iniciaron con motivo del robo del vehículo Marca Ford Ranger Dominio FFR 890, en fecha 30 de mayo de 2007, perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, afectado al servicio de la Subsecretaría Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica;
Que luce la denuncia a la empresa aseguradora La Caja S.A. de fecha 31 de mayo de 2007, correspondiente al Siniestro N° 5530-2133407;
Que se agregaron copias de la denuncia recibida por el Área Patrimonio y Seguros dependiente de la Dirección General de la Flota Automotor, certificado de denuncia policial de fecha 30 de mayo de 2007, ante la Comisaría 41ª de la Policía Federal Argentina y comprobante del aseguramiento del vehículo en La Caja S.A. y acta de entrega;
Que surge del informe presentado por el señor Subsecretario que los conductores responsables del vehículo son los señores Héctor Alejo Allende y Luis Rojas;
Que la unidad tenía como único destino el transporte del Subsecretario de Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información de la Secretaría Legal y Técnica. Que al producirse el siniestro el señor Subsecretario se encontraba participando del acto de inauguración de la plaza sita en Juan B. Justo y Boyacá, a donde había sido trasladado desde el Palacio Municipal en la unidad robada;
Que atento lo expuesto, corresponde que la Dirección de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a la instrucción de un sumario administrativo, a fin de investigar los hechos denunciados y arribar a la verdad objetiva;
Por ello, en virtud de los términos del art. 2° del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por el Decreto N° 3.360/68 (AD. 230.215) aplicable en función del art. 12 del Decreto N° 826/01 (B.O. N° 1225),

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE:

Artículo 1° - Instrúyase sumario administrativo a fin de evaluar los hechos denunciados y deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder con motivo del robo del vehículo marca Ford Ranger Dominio FFR 890, en fecha 30 de mayo de 2007, perteneciente a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor, afectado al servicio de la Subsecretaría Ordenamiento Normativo y Acceso a la Información, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.
Artículo 2° - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -Dirección General de Sumarios-. Comuníquese lo resuelto mediante copia autenticada del presente acto administrativo a la Dirección General Mantenimiento de la Flota Automotor y a la Dirección General de Recursos Humanos. Montenegro

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2007.

Visto el Convenio N° 27/06, y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de la cláusula décimo cuarta del Convenio N° 27/06, se consideran servicios eventuales a los servicios de policía adicional discontinuos destinados, especialmente a la seguridad y custodia de espectáculos de carácter deportivo, artísticos, culturales, etc., organizados en ámbitos públicos o privados, y en los cuales se advierte la posibilidad de una concurrencia masiva de personas;
Que la cláusula décimo primera del convenio establece que "Los valores de los aranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida que continúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcan variaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el Señor Jefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto N° 933-PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a la Subsecretaría de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo.";
Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a acordar aumentos en el valor del módulo, de producirse alguna variación en los niveles salariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentra vinculado con los haberes de dicho personal;
Que con fecha 26 de octubre de 2007 la Policía Federal Argentina, comunicó que en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 933/88 y por aplicación del Decreto N° 861/07 que alcanza al Personal de la Policía Federal Argentina, el señor Jefe de la Policía, resolvió fijar el valor del módulo de cuatro horas de servicio eventual especial en la suma de pesos cincuenta y dos ($ 52), a partir del 1° de enero de 2008;
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra en condiciones de resolver sobre el particular;
Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1° - Fíjase, a partir del 1° de enero de 2008, el valor del módulo de cuatro horas de servicio eventual especial en la suma de pesos cincuenta y dos ($ 52).
Artículo 2° - Tómense los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer frente a la erogación de que se trata.
Artículo 3° - Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Molinero

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2007.

Visto el Convenio N° 27/06, y
CONSIDERANDO:
Que conforme el Convenio N° 27/06, la Policía Federal Argentina se compromete a prestar los servicios de policía adicional requeridos por el G.C.A.B.A., bajo el Régimen de Policía Adicional, quedando obligado el G.C.A.B.A. a abonar los montos detallados en la cláusula tercera del convenio;
Que la cláusula décimo primera del convenio establece que "Los valores de los aranceles enunciados en la cláusula tercera, se mantendrán en la medida que continúen vigentes los niveles salariales del personal policial, y no se produzcan variaciones de los precios de los módulos de Policía Adicional dispuestos por el Señor Jefe de la Policía Federal Argentina, conforme lo consagrado en el Decreto N° 933-PEN/88. La Policía Federal Argentina comunicará en forma fehaciente a la Subsecretaria de Seguridad Urbana del G.C.A.B.A. las modificaciones del mismo.";
Que la cláusula décimo segunda habilita a la Subsecretaría de Seguridad Urbana a acordar aumentos en el valor del módulo, de producirse alguna variación en los niveles salariales del personal policial, toda vez que el valor de los módulos se encuentra vinculado con los haberes de dicho personal;
Que con fecha 26 de octubre de 2007 la Policía Federal Argentina, comunicó que en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 933/88 y por aplicación del Decreto N° 861/07 que alcanza al Personal de la Policía Federal Argentina, el señor Jefe de la Policía, resolvió fijar el valor del módulo de Policía Adicional en la suma de pesos cuarenta y cuatro ($ 44), a partir del 1° de enero de 2008;
Que de conformidad con las atribuciones que le son propias, el suscripto se encuentra en condiciones de resolver sobre el particular;
Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1° - Fíjase, a partir del 1° de enero de 2008, el valor del módulo de Policía Adicional en la suma de pesos cuarenta y cuatro ($ 44).
Artículo 2° - Tómense los recaudos presupuestarios pertinentes, con el fin de hacer frente a la erogación de que se trata.
Artículo 3° - Regístrese y publique en el Boletín Oficial, y remítase para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Molinero

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2007.

Visto el Decreto N° 2.075/06, la Resolución Conjunta N° 558-SSSU-SSPyCEP-SSTyT/06 y la Nota N° 3.895-DGSV/07, y
CONSIDERANDO:
Que, dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Subsecretaría de Seguridad Urbana se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las acciones que requieran el apoyo de la fuerza pública en ejercicio del poder de policía propio de la Ciudad Autónoma;
Que, por la resolución mencionada, la Subsecretaría de Seguridad Urbana es la encargada de dictar el acto administrativo que autorice los cortes de calles y avenidas, sean totales o parciales, en los casos de manifestaciones políticas, partidarias, religiosas, pruebas atléticas, deportivas y festejos masivos, que atento la gran concentración de gente que pudiera convocar, necesite la programación de un operativo especial a efectos de resguardar la integridad física y patrimonial de transeúntes y público asistente;
Que, por la nota mencionada, el Sr. Guido Bialoblok, representante de la DAIA, solicita permiso para efectuar la afectación total de la calzada de Gallo entre Av. Corrientes y Valentín Gómez, el día miércoles 26 de diciembre de 2007, en el horario de 16 a 17 horas, con motivo de realizar un evento en la vía publica;
Que, a tales efectos la Dirección General de Seguridad Vial, considera viable realizar el corte de tránsito solicitado, siendo la Policía Federal Argentina quien deberá establecer y efectuar el desvío del tránsito vehicular;
Que, el requirente será responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como así también, serán responsables de la limpieza de las aceras y calzadas afectadas, de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N° 51.277;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,

EL SUBSECRETARIO DE SEGURIDAD URBANA
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorizar el corte de tránsito solicitado por el Sr. Guido Bialoblok, representante de la DAIA, de la calle Gallo entre Valentín Gómez y Av. Corrientes, sin afectar bocacalles, con la concurrencia de la Policía Federal Argentina, el día miércoles 26 de diciembre de 2007, en el horario de 16 a 17 horas, con motivo de realizar un evento en la vía pública.
Artículo 2° - El tránsito que circule por la calle Gallo desviará por Valentín Gómez, Anchorena Tomás M., Lavalle, su ruta.
Artículo 3° - El solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y de vehículos de emergencias. Asimismo se deberá realizar el vallado y señalamiento en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el art. 2.1.10 de la Ley N° 2.148.
Artículo 4° - El solicitante deberá arbitrar los medios para contar en forma obligatoria con el apoyo de la Policía Federal Argentina y procederán al término de la actividad a efectuar la limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza N° 51.277/96.
Artículo 5° - La presente no contemple la autorización de ocupación de vereda, plaza ni el estacionamiento de vehículos ni grupos electrógenos, los cuales deberán tramitarse por cuerdas separadas en los organismos pertinentes (DGOEP, SSTT, respectivamente).
Artículo 6° - De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3° y 4° de la presente, la misma carecerá de validez. Asimismo no implica autorización para la realización de actividades comerciales ni autoriza el estacionamiento de ningún tipo de vehículo, las que deberán tramitarse por cuerdas separadas en las Áreas correspondientes.
Artículo 7° - Regístrese, comuníquese a la Policía Federal Argentina, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales de Limpieza, de Seguridad Vial, de Tránsito, de Ordenamiento del Espacio Público, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese al solicitante y para su conocimiento, gírese a la Dirección General de Seguridad Vial. Cumplido, archívese. Molinero

Buenos Aires, 3 de enero de 2008.

Visto la Ley N° 2.624 y su decreto promulgatorio, y Decreto N° 2.141 de fecha 28 de diciembre de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada ley, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la misma establece que la Agencia será administrada por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario;
Que la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 2.624 establece que el Director Ejecutivo designará, por única vez en ocasión de la creación de la mencionada Agencia Gubernamental de Control, Directores Generales y el Coordinador de la Unidad de Administración y Control de Gestión;
Que el artículo 5° de la Ley N° 2.624 aprobó dentro de la estructura organizativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la Unidad de Administración y Control de Gestión, la Unidad de Auditoría Interna y las Direcciones Generales de Legal y Técnica, Habilitaciones y Permisos, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Fiscalización y Control, de Fiscalización de Obras y Catastro y de Control de Faltas Especiales;
Que debe entonces disponerse la cobertura de los cargos de la Unidad de Auditoria Interna y de la Dirección General de Fiscalización y Control;
Que las personas que se proceden a designar poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para el cual fueron propuestos;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por las cláusulas transitorias segunda y tercera de la Ley N° 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

Artículo 1° - Desígnese como titular de la Unidad de Auditoría Interna a la Lic. María Estela Moreno (DNI 24.353.574), con un nivel retributivo equivalente a Director General.
Artículo 2° - Desígnese como titular de la Dirección General de Fiscalización y Control a la Dra. Vanesa Ileana Berkowski (DNI 21.852.178), con un nivel retributivo equivalente a Director General.
Artículo 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Comunal de Control.
Artículo 4° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Young

Buenos Aires, 3 de enero de 2008.

Visto la Ley N° 2.624 y su decreto promulgatorio, y Decreto N° 2.141 de fecha 28 de diciembre de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada ley, se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica, en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la misma establece que la Agencia será administrada por un Director Ejecutivo con rango de Subsecretario;
Que la cláusula transitoria segunda de la Ley N° 2.624 establece que el Director Ejecutivo designará, por única vez en ocasión de la creación de la mencionada Agencia Gubernamental de Control, Directores Generales y el Coordinador de la Unidad de Administración y Control de Gestión;
Que el artículo 5° de la Ley N° 2.624 aprobó dentro de la estructura organizativa de la Agencia Gubernamental de Control, a la Unidad de Administración y Control de Gestión, la Unidad de Auditoría Interna y las Direcciones Generales de Legal y Técnica, Habilitaciones y Permisos, de Higiene y Seguridad Alimentaria, de Fiscalización y Control, de Fiscalización de Obras y Catastro y de Control de Faltas Especiales;
Que asimismo resulta necesaria la creación de una Jefatura de Gabinete de Asesores que asista al Director Ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control, en su articulación con las diferentes Áreas de la misma;
Que debe entonces disponerse la cobertura de los cargos de Coordinador de la Unidad de Administración y Control de Gestión y del titular de la Jefatura de Gabinete de Asesores;
Que las personas que se proceden a designar poseen la idoneidad necesaria para el desempeño de los cargos para el cual fueron propuestos;
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por las cláusulas transitorias segunda y tercera de la Ley N° 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

Artículo 1° - Desígnase como Jefe de Gabinete de Asesores de la Agencia Gubernamental de Control, al Dr. Alberto Meza (DNI 8.609.229).
Artículo 2° - Desígnase como Coordinador de la Unidad de Administración y Control de Gestión de la Agencia Gubernamental de Control al Dr. Rubén Rafael Torres (DNI 10.934.592), con un nivel retributivo equivalente al 95 por ciento del cargo de Subsecretario.
Artículo 3° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Young

Buenos Aires, 3 de enero de 2008.

Visto la Ley N° 2.624 y su decreto promulgatorio, y el Decreto N° 2.141 de fecha 28 de diciembre de 2007, y
CONSIDERANDO:
Que la normativa del visto crea la Agencia Gubernamental de Control como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que hasta que se apruebe su respectiva estructura organizativa resulta indispensable proveer a la Agencia Gubernamental de Control de una dotación de personal que permita arribar a los fines de dar cabal cumplimiento a la misión y competencias establecidas en su norma de creación;
Que en tal sentido deviene necesario dotar a la Dirección General Legal y Técnica de las herramientas necesarias que le permitan constituir una eficiente área de apoyo a las tareas sustantivas de la Agencia Gubernamental de Control, para lo cual es necesario aprobar las aperturas inferiores de Director de Asuntos Jurídicos, Director de Administración Financiera y Director de Recursos Humanos y Organización, con sus correspondientes objetivos y responsabilidades;
Que la persona que se designa por medio de la presente reúne el perfil requerido para el desempeño del cargo de Director de Asuntos Jurídicos, dependiente de la Dirección General Legal y Técnica;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 12, inciso e) y cláusula adicional tercera de la Ley N° 2.624,

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA
GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE:

Artículo 1° - Apruébense las aperturas inferiores de la Dirección General Legal y Técnica que se enumeran en el Anexo I, con los objetivos y responsabilidades que allí se consignan.
Artículo 2° - Desígnase como Directora de la Dirección de Asuntos Jurídicos a la Dra. Lilia Goday (DNI 10.827.966).
Artículo 3° - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con los créditos asignados en el presupuesto vigente de la Agencia Gubernamental de Control.
Artículo 4° - Dese al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Young

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Resolución N° 71/05 de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), el Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829), el Expediente N° 95.326/07, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución N° 71/05 de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, establece la obligatoriedad de rubricar los libros que utilicen las diferentes dependencias por parte del titular de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) correspondiente;
Que el Decreto N° 2.075/07 modificó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2° del referido decreto, se modificó la denominación y conformación del ex Ministerio de Medio Ambiente y del ex Ministerio de Espacio Público, unificándose los mismos en el ahora denominado Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que el reordenamiento orgánico ha generado las demoras normales en cuanto al nombramiento de los funcionarios a cargo de las reparticiones, así como los nombramientos de los titulares de las UAI correspondientes;
Que en consecuencia, corresponde establecer el procedimiento por el cual las autoridades de las unidades organizacionales del referido Ministerio puedan tener disponibles los libros rubricados que le son de su incumbencia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

Artículo 1° - Autorizar a los titulares de cada una de las unidades organizacionales dependientes de este Ministerio, a que continúen utilizando y practicando las correspondientes registraciones en los libros rubricados de que actualmente dispongan, o alternativamente, utilicen aquellos que procedan a adquirir para inaugurar la nueva gestión, hasta tanto se pueda formalmente realizar la rúbrica de los mismos.
Artículo 2° - Dichos registros serán rubricados por el Titular de la Unidad de Auditoría Interna que se encuentre en funciones al día de la solicitud de rúbrica.
Artículo 3° - Dese al Registro, pase a la Unidad de Auditoría Interna para que notifique a los interesados. Cumplido, archívese. Piccardo

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2007.

Visto la Ley N° 70 (B.O.C.B.A. N° 539), la Ley N° 2.506 (B.O.C.B.A. N° 2824), el Anexo I del Decreto N° 2.075/07 (B.O.C.B.A. N° 2829), el Expediente N° 95.363/07, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 2.075/07 modificó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo 2° del referido decreto, se modificó la denominación y conformación de los anteriores Ministerios de Medio Ambiente y de Espacio Público, unificándose los mismos en el ahora denominado por Ley N° 2.506, Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que en consecuencia, corresponde establecer el procedimiento por el cual las Unidades de Auditoría Interna que originariamente pertenecieran a cada uno de los Ministerios aludidos, realizarán el cierre del Ejercicio 2007;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE:

Artículo 1° - Instrúyanse al Dr. Daniel Anglada, F.M. N° 416.664, y al Lic. Horacio Rovelli F.M. N° 245.940 para que, en forma conjunta, realicen y suscriban los procedimientos de cierre del Ejercicio 2007.
Artículo 2° - Dese al Registro, notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Piccardo

Buenos Aires, 19 diciembre 2007.

Visto lo previsto en el artículo 113 de la Ley N° 70 de Gestión, Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, la Disposición N° A-132-DGC/07, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 113 de la Ley 70 la Dirección General de Contaduría es el órgano rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental responsable de dictar normas, poner en funcionamiento y mantener dicho sistema en todo el ámbito del Sector Público;
Que el art. 115 de la citada ley en su acápite h) establece que la Dirección General de Contaduría tiene dentro de su competencia la de preparar anualmente la cuenta de inversión y presentarla a la Legislatura;
Que por el acápite J) del artículo mencionado anteriormente, la Dirección General de Contaduría tiene entre sus competencias, la de llevar la Contabilidad General de la Administración Central consolidando datos de los servicios jurisdiccionales, realizando las operaciones de ajuste y cierre necesarios y producir anualmente resultados contables financieros para su remisión a la Legislatura;
Que ante la proximidad del cierre del Ejercicio Económico Financiero resulta necesario dictar las normas que permitan conocer la gestión presupuestaria de caja y patrimonial, así como los resultados operativos económicos y financieros de todo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al finalizar cada ejercicio;
Que la Disposición N° A-132-DGCG/07 reglamenta los cierres de ejercicio;
Que teniendo en cuenta que el 10 de diciembre ppdo. asumieron nuevas autoridades en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires resulta procedente adecuar dicha normativa;
Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE CONTADURÍA
DISPONE:

Artículo 1° - Modifícase el art. 3° de la Disposición N° A-132-DGC/07 debiendo leerse "artículo 21" donde dice "artículo 16".
Artículo 2°- Modifícanse los artículos 6°, 7° y 8° de la Disposición N° A-132-DGC/07 debiendo leerse "31 de enero" donde dice "28 de febrero".
Artículo 3° - Modifícase el art. 8° de la citada norma legal, el que quedará redactado en los siguientes términos:
"Los Organismos Descentralizados y los Extrapoder que no ejecuten la totalidad de las entregas de fondos o transferencias otorgadas en el año anterior procederán a devolver ante la Dirección General de Tesorería, antes del 28 de febrero, los fondos no utilizados, excepto cuando no corresponda su devolución, en este último caso deberá acreditar la existencia física del remanente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del ejercicio siguiente.".
Artículo 4° - Modifícase el art. 10 de la citada norma legal debiendo leerse "31 de enero" donde dice "28 de febrero".
Artículo 5° - Modifícase el plazo establecido en el art. 14 de la referida disposición "…hasta el último día hábil del mes de enero del año siguiente al que se recibieron los fondos.".
Artículo 6° - Modifícase el art. 18 de la norma legal citada, el que quedará redactado en los siguientes términos:
"La Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberá informar a la Dirección General de Contaduría, antes del 28 de febrero del año siguiente, la totalidad de los juicios que involucra a la Administración Central en su carácter de actora o demandada y la cuantificación económica de los mismos.".
Artículo 7° - Modifícase el art. 20 de la citada norma legal, debiendo leerse "28 de diciembre de cada año" donde dice "20 de diciembre de cada año".
Artículo 8° - Modifícase el art. 23 de la mencionada disposición, el que quedará redactado en los siguientes términos:
"Los responsables por entregas de fondos con cargo de rendir cuenta de su inversión, en el marco del Decreto N° 5.254/81 (B.M. N° 16.629) y sus modificatorios y del Decreto N° 2.046/76 (B.M. 15.274), deben efectuar la devolución de los importes no invertidos hasta el anteúltimo día hábil del año y la presentación de las rendiciones de cuentas, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente, con excepción de lo dispuesto en el artículo 24.
Sólo se repondrán las rendiciones de cuentas que se reciban en la Dirección General de Contaduría hasta el 15 de diciembre de cada año, a fin de permitir la emisión de la orden de pago para su posterior pago dentro del ejercicio y su rendición en el plazo indicado en el párrafo precedente.
Las órdenes de pago por reposiciones de estos fondos que no se hayan pagado por la Dirección General de Tesorería al 31 de diciembre de cada año, serán devueltas a la Dirección General de Contaduría para su anulación, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente.
Las Reparticiones no podrán retener fondos no pagados al cierre de cada ejercicio financiero, no pudiendo incorporar dichos saldos al próximo ejercicio, con excepción de lo dispuesto en el artículo 24.".
Artículo 9° - Modifícase el art. 25 de la referida norma legal, el que quedara redactado en los siguientes términos:
"Las reparticiones que cuenten con fondos fijos para Cambio de Caja o Boletería, deberán informar, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente, el saldo al 31 de diciembre de cada año.".
Artículo 10 - Modifícase el art. 26 de la citada disposición, el que quedará redactado en los siguientes términos:
"Los fondos entregados a los distintos Hospitales en el marco del Decreto N° 7/98 y no pagados al 31 de diciembre, podrán ser utilizados en el siguiente ejercicio, en este último caso se deberá acreditar la existencia física del remanente dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente. Los comprobantes correspondientes a los fondos pagados al 31 de diciembre deberán ser rendidos dentro de los primeros quince días hábiles del ejercicio siguiente, con afectación presupuestaria al ejercicio que se cierra".
Artículo 11 - Modifícase el primer párrafo del art. 27 donde dice "Los responsables de estos fondos deben efectuar la devolución de los importes no invertidos hasta el anteúltimo día hábil del año que se cierra, no pudiendo retener fondos ni incorporar dichos saldos al próximo ejercicio financiero" deberá leerse "Los responsables de estos fondos deben efectuar la devolución de los importes no invertidos hasta el 5° día hábil del año siguiente, no pudiendo retener fondos ni incorporar dichos saldos al próximo ejercicio financiero".
Artículo 12 - Modifícase el 3° párrafo del art. 27 de la referida norma legal, el que quedará redactado en los siguientes términos:
"Las órdenes de pago no canceladas por entregas de estos fondos al 31 de diciembre serán devueltas por la Dirección General de Tesorería a la Dirección General de Contaduría para su anulación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del ejercicio siguiente.".
Artículo 13 - Modifícase el 3° párrafo del art. 28 de la citada norma legal, el que quedará redactado en los siguientes términos:
"Con respecto al Inventario de Bienes Inmuebles, la ex Dirección General Administración de Bienes, deberá informar como mínimo por cada uno de los mismos, propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la ubicación, nomenclatura catastral completa, linderos, número de escritura, superficie del terreno y del edificio, fecha de incorporación al Patrimonio de la Ciudad y su origen (Compra, Donación, expropiación, transferencia, etc.), el valor de origen y el valor fiscal o de mercado, indicando si los mismos integran el Dominio Público o Privado y detalle del uso o afectación del Inmueble.".
Artículo 13 - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos, remítase copia certificada a todos los Ministerios, Secretarías, Subsecretarías, organismos descentralizados, entidades autárquicas, empresas y sociedades del estado y sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. Cumplido, archívese en la Dirección Técnica Legal y de Control de la Dirección General de Contaduría. Harbin

Buenos Aires, 3 de enero de 2008.

Visto el presente Expediente N° 88.407/06, la Ley de Obra Pública N° 13.064, y el Decreto N° 2.186/04, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 67-DGIMyE/07 se ha aprobado el llamado a Licitación Privada N° 144-SIGAF/07 (N° 17/07), con el objeto de contratar los trabajos de reacondicionamiento de azotea en el edificio de la Escuela N° 25 "Paula Albarracín de Sarmiento" Distrito Escolar N° 6, sita en la calle Tarija 4136, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado, estableciéndose como presupuesto oficial, la suma de pesos ciento veinte mil cuatrocientos treinta y cuatro con 18/100 ($ 120.434,18);
Que con fecha 14 de febrero de 2007 ha tenido lugar el acto de apertura de ofertas de la mencionada licitación privada, presentándose dos (2) ofertas: Tecymaq S.A. y Rom Obras y Proyectos S.R.L.;
Que con posterioridad el Área de Control y Ejecución de Contratos ha elaborado el informe técnico en el que se realiza el análisis y evaluación de las ofertas presentadas;
Que la oferta de Tecymaq S.A. fue desestimada en oportunidad de realizar el informe el Área de Licitaciones;
Que mediante el dictado del Acta de Preadjudicación N° 73/07 la Comisión Especial de Preadjudicación creada por la Resolución N° 412-SSCRyAC/05, en ejercicio de las atribuciones estipuladas en las misma y con fundamento en las conclusiones del informe técnico descripto en el considerando precedente; ha procedido a preadjudicar la contratación de las obras de reacondicionamiento de azotea en el edificio de la Escuela N° 25 "Paula Albarracín de Sarmiento" Distrito Escolar N° 6 a la empresa Rom Obras y Proyectos S.R.L. por el sistema de ajuste alzado y por la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta y dos con 20/100 ($ 143.932,20);
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado mediante cédula a los oferentes y publicado el resultado en cartelera conforme lo dispone el pliego de condiciones particulares;
Que no hubo impugnaciones a la preadjudicación;
Que por cédula de notificación se requirió de la preadjudicataria la presentación de documentación no esencial que se encontraba vencida y la expresión del mantenimiento de oferta;
Que la empresa dio cumplimiento a lo requerido por Registro N° 420.328-DGIMyE;
Que en forma inmediata posterior a la actividad mencionada en el considerando anterior, debido a gestiones informales de la comunidad educativa del establecimiento, la Dirección General solicitó al Departamento de Proyectos que evaluara la documentación técnica de la obra en cuestión a los fines de realizar modificaciones del proyecto, revisión que encuentra fundamento en el art. 4° de la Ley Nacional N° 13.064 y en la facultad de ius variandi de la Administración;
Que luego de un tiempo considerable concluyó que el procedimiento podía continuar tal como fue licitado;
Que en virtud del excesivo plazo transcurrido desde la preadjudicación, y en forma previa a continuar el trámite licitatorio se intimó a la preadudicataria a mantener la oferta;
Que mediante Registro N° 606.938-DGIMyE/07 la empresa Rom Obras y Proyectos S.R.L. manifiesta que por el tiempo transcurrido se encuentra imposibilitada de mantener la oferta;
Que no asiste culpa al preadjudicatario en la falta de mantenimiento de la oferta, toda vez que la demora en el trámite licitatorio no le es imputable;
Que, en consecuencia, corresponde no ejecutar y devolver la garantía de oferta;
Que, no habiendo otras ofertas corresponde declarar fracasada la presente Licitación Privada N° 144-SIGAF/07 (N° 17/07);
Que en virtud de lo señalado, el suscripto se encuentra facultado para suscribir el presente acto administrativo en razón de lo normado por el Decreto N° 2.186/04;

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONE:

Artículo 1° - Declárase fracasada la Licitación Privada N° 144-SIGAF/07 (N° 17/07).
Artículo 2° - Desaféctese en la partida correspondiente, la suma de pesos ciento cuarenta y tres mil novecientos treinta y dos con 20/100 ($ 143.932,20).
Artículo 3° - Devuélvase la garantía de oferta constituida para la presente por la empresa Rom Obras y Proyectos S.R.L.
Artículo 4° - Regístrese, notifíquese al preadjudicatario y remítase a la Dirección Administrativa de la Dirección General de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento en prosecución de su trámite. Gasparoni

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2007.

Visto el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 210, la Resolución N° 34-EURSPCABA/07, el Expediente N° 1.339-EURSPCABA/07, y
CONSIDERANDO:
Que el art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente publicístico;
Que por Resolución N° 34-EURSPCABA/07 se aprobó la carrera administrativa del Organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la capacitación técnica y la antigüedad;
Que la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la Ciudad y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y 17 de la Ley N° 210;
Que para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo normado por el art. 9° del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al Directorio;
Que no resultando suficientes la cantidad de agentes de planta permanente para cubrir las funciones que le competen al Ente se dispuso integrar una nueva planta mínima permanente;
Que para la integración de la misma se tomaron en consideración los agentes que habían sido contratados oportunamente para prestar servicios bajo la modalidad de planta transitoria o locación de servicios y desempeñaban tareas propias del personal permanente;
Que para la nueva integración el Directorio procedió a tomar un criterio de selección objetivo fijando un tope temporal y la idoneidad funcional demostrada por el desempeño continuo durante un lapso considerable de tiempo;
Que el Anexo II de la Carrera Administrativa establece que "...el grado inferior de cada nivel resulta la vía de entrada a la carrera, en función de las exigencias estipuladas por las coberturas de cargo...";
Que sin perjuicio de esa cláusula y atento que el personal venía trabajando en el organismo, el Directorio entendió que el reencasillamiento debía ser efectuado teniendo en consideración la evaluación de su idoneidad;
Que los agentes ingresantes a la planta permanente prestaron conformidad por escrito al ingreso a la misma y a la categoría asignada;
Que en la Resolución N° 34-EURSPCABA/07 se encasilló al agente Jorge Pablo Díaz, en el Nivel A4 de la Carrera Administrativa;
Que el agente mencionado con fecha 13 de julio del corriente año solicita una consideración de su reencasillamiento y que se proceda a reencasillarlo en el Nivel A3;
Que el agente realiza un correlato de su actividad laboral desde su ingreso al organismo;
Que las funciones que desempeña el agente Díaz son: ejecución, asesoramiento, estudios estadísticos, análisis de información referida a los servicios públicos, metas físicas y programación, asistencia en programación de fiscalizaciones en la Gerencia Técnica de Control;
Que el agente manifiesta que se le ha asignado una categoría inferior a la correspondiente por las tareas efectivamente desarrolladas en el organismo y por su antigüedad, por lo que resulta arbitrario y le causa perjuicio;
Que del examen del Expediente N° 1.339-EURSPCABA/07 ha de colegirse que la decisión adoptada por el Directorio constituye un acto típico de la administración pertinentemente motivado y en el marco de las atribuciones que nacen de la oportunidad, mérito y conveniencia;
Que en la especie, un agente de planta no permanente, con título secundario al momento del reencasillamiento, con idoneidad en la función y antigüedad suficiente en el organismo, fue debidamente reencasillado en la Categoría A4 Administrativo;
Que dicho encasillamiento resulta en un salto cuantitativo en su nivel salarial en reconocimiento a su labor, tomando en consideración su antigüedad en el organismo y el adicional correspondiente al título, teniendo como resultado un beneficio a favor del recurrente en su percepción salarial;
Que se ha realizado una interpretación con plenitud hermenéutica atento el orden jurídico a mérito de la presentación realizada por el agente Díaz;
Que por ello, en relación a la materia específica del empleo público cabe señalar el principio respecto a que las normas constitutivas del mismo no crean a favor de los agentes derechos subjetivos irrevocablemente adquiridos, por cuanto la Administración Pública siempre se reserva para sí el derecho de modificar unilateralmente las condiciones de trabajo y las disposiciones que la regulan;
Que en materia de salarios de los agentes públicos es innegable la existencia de discrecionalidad, ciertamente no ilimitada, pero sí amplia del órgano competente en materia para apreciar la diversidad de situaciones y sobre esa base establecer diferencias de regulación, sin que ello implique violación de la igualdad que consagra el art. 16 y cctes. de la Constitución Nacional, cuestión que no se da en el caso específico del agente Díaz;
Que la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la administración pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que constituyen su cometido;
Que tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario supondría, por parte del órgano administrador, el incumplimiento de una misión asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que el derecho a la carrera es reconocido a los agentes del Estado de la Ciudad en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad, entendiéndose por el mismo, el derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes que regulan el empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe cumplir el agente que aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento de la recurrente, no resulta contrario a la Constitución local;
Que en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que "...el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o ilegítimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o descalificación del agente..." (Fallos 806 CSJN);
Que sobre el particular además se ha sostenido que "...la idoneidad de un agente, aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo juntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del procedimiento selectivo...";
Que por ello se puede válidamente sostener que la pretensión de los interesados en ser encasillados en categorías superiores -tal como pretende el recurrente- no pasa de ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo dispone;
Que es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamientos, el poder administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio (Cfr. Procuración Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que "...la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos administrativos solo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente probados..." (cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que dicha situación no se da en el caso en cuestión;
Que la presentación realizada por el agente Díaz y las constancias obrantes en el Expediente N° 1.339-EURSPCABA/07 ponen de manifiesto que el procedimiento seguido en relación al encasillamiento del agente es ajustado a derecho;
Que en tal sentido la impugnación del recurrente no ha demostrado acabadamente la manifiesta irrazonabilidad del criterio adoptado por el Directorio del Ente al reencasillar al agente Díaz conforme la Resolución N° 34-EURSPCABA/07;
Que por todo lo expuesto el procedimiento llevado a cabo para efectuar el encasillamiento del agente Díaz no resulta arbitrario;
Que la Secretaría Legal ha tomado la intervención que le compete;
Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:

Artículo 1° - Disponer el rechazo del recurso de reconsideración presentado por el agente Jorge Pablo Díaz (DNI 22.090.616), haciéndole saber al mismo que por este acto queda agotada la vía administrativa.
Artículo 2° - Notifíquese al agente Jorge Pablo Díaz.
Artículo 3° - Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Comuníquese a la Gerencia General y la Secretaría Legal. Cumplido, archívese. Campolongo - Barrea de Ruiz - Balbi - García Buitrago - Rozenberg

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2007.

Visto el art. 138 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 210, la Resolución N° 34-EURSPCABA/07, el Expediente N° 1.423-EURSPCABA/07, y
CONSIDERANDO:
Que, el art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como ente autárquico tiene la facultad de administrarse a si mismo, de acuerdo a las normas que le dieron origen, siendo su régimen jurídico esencialmente publicístico;
Que, por Resolución N° 34-EURSPCABA/07 se aprobó la Carrera Administrativa del organismo y se dispuso el reencasillamiento de los agentes privilegiando la capacitación técnica y la antigüedad;
Que, la mencionada carrera y el diagrama del nuevo escalafón es facultad privativa del Directorio del Ente tal como surge de lo normado en el art. 138 de la Constitución de la Ciudad y de los arts. 11 incs b), c), d), e), i) y 17 de la Ley N° 210;
Que, para efectuar el reencasillamiento se entendió necesario respetar el nivel escalafonario que poseía el agente conforme al anterior escalafón;
Que, al no existir descensos en el nivel escalafonario se obró de conformidad a lo normado por el art. 9° del Estatuto de Personal y las atribuciones que corresponden al Directorio;
Que, en la Resolución N° 34-EURSPCABA/07 se encasilló al agente Pablo Alejandro Casale, en la Categoría A2 de la Carrera Administrativa;
Que, el agente mencionado con fecha 20 de julio del corriente año solicita una reconsideración de su reencasillamiento aduciendo que las tareas que desempeña se condicen con la Categoría A1;
Que, el agente realiza un correlato fáctico temporal de su desempeño en el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, el agente Casale desempeña en la actualidad tareas relativas al tratamiento de expedientes relacionados con los servicios públicos de distribución de energía eléctrica y gas;
Que, el agente manifiesta que se le ha asignado una categoría inferior a la correspondiente a las tareas efectivamente desarrolladas y que ello le causa perjuicio conculcando así derechos de raigambre constitucional, solicitando se considere su reencasillamiento;
Que, el reencasillamiento encuentra indefectiblemente reglas y pautas propias del ordenamiento administrativo, teniendo como consecuencia que el margen discrecional de la Administración se encuentra acotado por el valladar de aquellas normas jurídicas que lo sustentan;
Que, deberá observarse si el acto administrativo es arbitrario, irrazonable e ilegítimo tal como lo plantea el recurrente, acarreando su nulidad absoluta;
Que, en ejercicio de la actividad discrecional, la Administración actúa con mayor libertad;
Que, su conducta no se encuentra determinada por normas legales sino por la finalidad legal a cumplir, razón por la cual se trata de una predeterminación genérica de la conducta administrativa;
Que, la Administración no se encuentra aquí por la norma a adoptar determinada decisión ya que en presencia de determinados hechos o situaciones, queda facultada para valorar o apreciar ciertos hechos o situaciones, y resolver luego si de acuerdo a tales hechos, se cumple o no con la finalidad perseguida por la norma (Cfr. Laubadere "Traitè Elementaire de droit administratif" TI pg. 213 París 1963);
Que, esta actividad discrecional se encuentra determinada por datos relevados por la técnica o la política con relación al caso concreto que se considere, datos que representan la oportunidad, mérito y conveniencia del acto administrativo;
Que, al emitir éste, la Administración debe acomodar su conducta a dichos datos, valorándolos: de ahí lo discrecional de su actividad por la cual se puede colegir que potestad discrecional es pues, elección de comportamiento, en el marco de la realización de valores y que además el orden jurídico presta validez jurídica a todo medio considerado como adecuado para la realización de que se trate, en la especie; el reencasillamiento del recurrente;
Que, la discrecionalidad constituye un principio general en materia de la actividad de la Administración, que sólo cede cuando la respectiva actividad aparece expresamente reglada;
Que, el agente Casale expresa que dicha facultad ha sido ejercida en forma arbitraria, sin el requisito constitucional de razonabilidad necesario para la fundamentación de los actos administrativos;
Que, el criterio de interpretación se basa en el grado de vinculación que existe entre la respectiva actividad de la Administración y el orden jurídico vigente;
Que, la potestad del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surge en el caso de la ley formal, pues la discrecionalidad procede de la legislación conforme el arts. 1° y 11 de la Ley N° 210 en consonancia con lo dispuesto por el art. 138 de la Constitución de la Ciudad;
Que, del análisis realizado en el caso en cuestión, no surge la falta de legitimidad endilgada al acto administrativo impugnado;
Que, el recurrente expresa que "...de los cuatro elementos esenciales del acto administrativo: competencia, voluntad, objeto y forma, la resolución cuestionada presenta vicios que obstan irremediablemente su validez y originan su nulidad desde la mira constitucional y legal..." (sic.), expresando que en la especie se le han afectado derechos subjetivos de rango constitucional;
Que, no se desprende que hayan sido afectados aquellos derechos establecidos en los arts. 14 bis, 75 incs. 22, 16, 43, 18 y 31 de la Constitución Nacional;
Que, de los fines indicados, debe partirse de una premisa ineludible, cual es que el recurso que se intenta debe contener una crítica concreta y razonada que conlleva a demostrar la contrariedad a derecho;
Que, tal exigencia de fundamentación no se suple con la utilización y mención de aquellos artículos constitucionales que se presumen conculcados cuya concurrencia no se demuestra con hechos y circunstancias concretas relacionadas con el acto recurrido que acrediten fehacientemente los vicios enrostrados;
Que, bajo el título de la resolución cuestionada como acto administrativo, el quejoso, plantea y describe los siguientes vicios que determinan la nulidad absoluta de acuerdo al ritual aplicable;
Que, de la interpretación normativa aplicable se desprende que "...se refiere a vicios en la voluntad de la Administración, pero dicha voluntad es en un sentido objetivo o sea en el obrar administrativo, lo cual se expresa a través del dictado del acto administrativo, y no importa el proceso psíquico del agente que emite el acto...";
Que, lo que interesa es que previamente exista una norma que le otorga facultades al órgano -Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- y haya concordancia con la finalidad que el acto concretamente persigue;
Que, el vicio que la norma hace referencia es un vicio en la declaración y se debe juzgar con arreglo al criterio del obrar administrativo, o sea que lo que el acto decide no concuerda con los antecedentes, que carece de causa o que esta es falsa;
Que, el error esencial al que se refiere el impugnante no encuadra en el concepto elaborado por la doctrina, pues el error que trata la norma no es el vicio típico de la voluntad sino un vicio en la declaración y que consiste en indicar un bien en lugar de otro, o designar una persona en lugar de otra;
Que, "...habría una diferencia entre la voluntad real y la declarada, pero como hay que juzgarla con arreglo al criterio objetivo del obrar administrativo, aquella debe surgir de otros escritos anteriores que evidencien la discordancia..." (CN Fed. Con. Adm. Sala III 28/4/88 ‘Ahmed’ - Cfr. Tomas Hutchinson- Régimen de Procedimientos Administrativos. Edit. Astrea pág. 126 5ª Edición);
Que el error mencionado no surge de lo circunstanciado en el Expediente N° 938-EURSPCABA/06 ya que su concurrencia con el planteo intentado por el recurrente no se demuestra con hechos concretos que acrediten en forma fehaciente el vicio aludido;
Que, con respecto al dolo, antecedentes inexistentes y falsos cabe consignar que el mismo, como vicio de la voluntad del acto queda constituido sobre aquel acto que tiene como existentes hechos o antecedentes falsos;
Que, el alcance que le acuerda la norma indica que el vicio está en la causa (hechos o antecedentes que le sirvan a la causa), por faltar ésta o ser falsa;
Que, el fundamento del dolo es la razón objetiva de la carencia de presupuestos de hecho;
Que, en la especie no se ha eludido ningún procedimiento legal; al contrario, el accionar de la Administración sobre cuyos actos rigen la presunción de legitimidad y el principio de ejecutoriedad, ha sido ajustado al derecho vigente;
Que, los hechos y antecedentes del acto surgen palmariamente de las actuaciones y los considerandos de la resolución impugnada, en donde se funda normativamente el acto recurrido, además de enumerarse los presupuestos de hecho que lo motivan, constando la intervención previa de la Secretaría Legal del organismo;
Que, Tomas Hutchinson enumera los casos en que se viola la ley aplicable (vicios en el objeto), o sea aquello que el acto decide, certifica u opina, a saber: a) objetos prohibidos por la ley, b) actos de objeto imposible, c) acto violatorio de facultades regladas d) falta de certeza, imprecisión, oscuridad, e) violación de facultades discrecionales, f) error en la aplicación de la ley;
Que, el quejoso no ha aportado ninguna prueba conducente que permita desvirtuar el acto impugnado;
Que, no ha demostrado que el acto sea de objeto ilícito, ni que sea jurídicamente o físicamente imposible, ni que sea diverso del requerido o autorizado por la ley, ni que tenga imprecisión importante, ni que sea arbitrario o irrazonable, ni que se hayan violado las facultades discrecionales;
Que, el autor precitado explica que "...el acto estará viciado de nulidad por violación de la finalidad que inspiró su dictado, es decir cuando exista falta de adecuación entre los móviles que inspiraron la actuación administrativa con los requeridos por la ley...";
Que, nada ha aportado el agente Casale que permita comprobar la falta de adecuación, asimismo no se dan los extremos que permitan decir que la voluntad de la Administración resulta excluida por simulación absoluta (otro caso de violación de la finalidad), pues esta caracterización supone el concurso de otra parte y la connivencia de ésta con el funcionario que dictó el acto;
Que, en virtud del principio de presunción de legitimidad de los actos, la ley no requiere que la legitimidad del acto sea declarada por autoridad judicial, siendo una presunción iuris tantum la que por su carácter, puede ser desvirtuada por el interesado en hacerlo, en cuya cabeza la ley no solo pone la carga de alegar su nulidad, sino además la de aportar los elementos probatorios que la sustenten, cuestión que no se da en este caso;
Que, si bien el recurrente alega expresamente, la ilegitimidad, incompetencia en razón de la materia, violación en la ley aplicable y violación en la finalidad que torna nulo el acto, resulta evidente que no aporta elemento probatorio alguno que acredite sus dichos;
Que, por ello, no existen dudas que el acto impugnado ha sido dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente (principio de legalidad) consagrado por la Constitución Nacional no resultando en ningún aspecto repugnante a la misma;
Que, el recurrente ha cuestionado la aplicación de los créditos presupuestarios al inicio del presente ejercicio (2007) por la implementación de la carrera administrativa a partir del 1° de abril, expresando solamente que le causa gravamen;
Que, hace referencia al art. 53 de la Constitución de la Ciudad, el art. 60 de la Ley N° 70 y la Ley N° 2.180;
Que, al respecto cabe señalar que la cuestión planteada no guarda conexión alguna con los aspectos contenidos y reglamentados por la normativa citada, razón por la cual carecen de conducencia, trascendencia, idoneidad para fundamentar la revocación pretendida;
Que, en su agravio, el agente Casale no expresa, ni explica las razones que permitan entender o sostener que el acto administrativo en lo que respecta a la aplicación presupuestaria le causa gravamen al quejoso;
Que, el precepto constitucional al que hace referencia el agente es la norma básica e introductoria que regula lo relativo al ejercicio financiero del la Ciudad como el presupuesto que lo debe contener;
Que, dicho ejercicio financiero del sector público, se extienda desde el 1° de enero al 31 de diciembre, es una cuestión meramente estipulativa, al igual de lo que sucede en el orden nacional por imperio de la ley;
Que, el hecho de que la norma prevea solamente la existencia de un presupuesto anual, no implica que la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad y en la especie el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no puedan disponer en orden al mérito, tiempo y conveniencia planes con distintas fechas sobre políticas de aplicación en el caso - asignación de partida de personal;
Que, dichas cuestiones fueron debidamente cumplidas ya que todas ellas son previsiones de carácter indicativo que no pueden ser revisadas judicialmente;
Que, a los fines indicados, el recurrente no ha manifestado en modo alguno en forma concreta y/o razonada la contrariedad del acto recurrido u objetado;
Que, respecto de su reencasillamiento el agente manifiesta que se le ha asignado una categoría inferior a la correspondiente por las tareas efectivamente desarrolladas en el organismo y que dicho encasillamiento le causa perjuicio económico y discriminación manifiesta de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14 bis y 16 de la Constitución Nacional;
Que, en la especie, un agente de planta permanente, con título secundario, pero con idoneidad acreditada en la función y antigüedad suficiente en el organismo fue debidamente reencasillado en la Categoría A2 todo ello en virtud de haber considerado dichas condiciones objetivas (tratamiento de expedientes relacionados con servicios públicos interjurisdiccionales);
Que, dicho encasillamiento resulta en un salto cuantitativo en su nivel salarial en reconocimiento a su labor, tomando en consideración su antigüedad en el organismo, teniendo como resultado un beneficio a favor del recurrente;
Que, tratándose de salarios de los agentes públicos es innegable la existencia de discrecionalidad, ciertamente no ilimitada, pero sí amplia del órgano competente en materia para apreciar la diversidad de situaciones y sobre esa base establecer diferencias de regulación, sin que ello implique la violación de la igualdad que consagra el art. 16 y cctes. de la Constitución Nacional, cuestión que, no se da en el caso en cuestión;
Que, la relación de empleo público posee rasgos específicos en cuya virtud la administración pública tiene prerrogativas que la sitúan en una situación de preeminencia sobre sus agentes, permitiéndole adecuar las condiciones de la relación a las exigencias que emanan de la satisfacción de los fines de interés general que constituyen su cometido;
Que, tales prerrogativas son, en principio, irrenunciables, dado que lo contrario supondría, por parte del órgano administrador, el incumplimiento de una misión asignada por la Constitución de la Ciudad;
Que, el derecho a la carrera es reconocido a los agentes del Estado de la Ciudad en el art. 43 de la Constitución de la Ciudad, entendiéndose por el mismo, el derecho a ser promovido a otros cargos de mayor jerarquía, conforme a los regímenes que regulan el empleo público, así como las condiciones de idoneidad que debe cumplir el agente que aspira a un cargo superior, motivo por el cual el encasillamiento del recurrente, no resulta contrario a la Constitución local;
Que, en el mismo sentido la jurisprudencia aplicable a la especie ha sostenido que "...el escalafonamiento que impugna el recurrente no puede ser calificado de arbitrario o ilegítimo si no se ha alegado que el mismo encubriera una sanción disciplinaria o descalificación del agente..." (Fallos 806 CSJN);
Que, sobre el particular además se ha sostenido que "...la idoneidad de un agente, aisladamente considerada, no es de por sí razón suficiente para determinar la procedencia de su encasillamiento en una categoría superior, puesto que no tiene un derecho subjetivo al ascenso por selección, sino un mero interés legítimo juntamente con aquellos que también pueden intervenir como sujetos pasivos del procedimiento selectivo...";
Que, por ello se puede válidamente sostener que la pretensión de los interesados en ser encasillados en categorías superiores -tal como pretende el recurrente- no pasa de ser una mera aspiración, sin que constituya un derecho que la Administración se encuentra obligada a satisfacer, pues ninguna norma legal o reglamentaria así lo dispone;
Que, es lícito concluir que en materia de encasillamiento o escalafonamientos, el poder Administrador tiene en principio facultades discrecionales dentro de su propio ordenamiento y teniendo en cuenta las necesidades del servicio (cfr. Procuración Nacional del Tesoro Dictámenes 211:423);
Que, analógicamente, la Procuración General de la Ciudad destacó que "...la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la presunción de los actos administrativos sólo cede cuando la decisión adolece de vicios sustanciales o formales o ha sido dictada sobre la base de presupuestos fácticos manifiestamente irregulares, reconocidos o fehacientemente probados..." (cfr. CSJN Fallos 278:273 y sus citas);
Que, dicha situación no se da en el caso en cuestión;
Que, la presentación re